Autoridades mexicanas interceptaron un cargamento de pepinos de mar y caballitos de mar, dos especies utilizadas como alimentos, que pretendían ser llevadas de contrabando al mercado asiático, informó el sábado la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente.

El contrabando, que tenía como “destino al comercio internacional asiático” y cuyo valor comercial en el mercado negro fue estimado en unos 157.000 dólares, fue decomisado en el puerto de Ensenada, en el noroeste del país, sobre la costa del oceáno Pacífico, según un comunicado de la dependencia.

En la operación se decomisaron “898.660 ejemplares de pepino de mar, secos; 78.676 ejemplares muertos de caballitos de mar; así como cerca de 1.000 cajas de vejiga congelada y seca de Totoaba”, un pez típico del golfo de California.

Las especies marinas incautadas están incluidas en la categoría de riesgo y peligro crítico en la legislación mexicana.

El cargamento iba congelado y escondido en cajas de cartón y costales de nylon, en paquetes autorizados para empaquetar otras especies como corvina, medusa y aleta de tiburón.

El gobierno mexicano prevé que los homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado se reduzcan un 20% en el primer semestre de presidencia de Enrique Peña Nieto, periodo que se cumple al final de mayo, respecto a los seis meses anteriores, informó el viernes el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.

“Nos aproximamos a una reducción del 20% en fallecimientos por la violencia asociada al crimen organizado. Vamos a cerrar así este mes de mayo”, afirmó Chong en un encuentro con periodistas de medios extranjeros.

Esa disminución implica que se habrán cometido cerca de 2.000 asesinatos menos en México en ese periodo, señaló el titular de Gobernación (Interior), la dependencia que ha pasado a coordinar la lucha contra los grupos criminales en el gobierno de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional.

El 11 de mayo, Gobernación había reportado que la cifra de homicidios presuntamente vinculados con la criminalidad llegó a 5.296 entre diciembre y abril, lo cual implicaba una reducción de 18% respecto a los últimos cinco meses de presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

Una media de 34 personas han sido asesinadas cada día en este tipo de crímenes entre el 1 de enero y el 23 de mayo de este año, mientras que entre enero y diciembre de 2012 fueron 41, de acuerdo con datos de Gobernación.

Algunos expertos han puesto en duda la metodología que utiliza el gobierno para establecer si un asesinato está vinculado con el crimen organizado y cuestionan que la violencia haya bajado a esos niveles en el país.

Según un estudio de Alejandro Hope, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, los homicidios únicamente se contrajeron un 0,6% en el primer trimestre de 2013 respecto al cuarto de 2012, y los índices de violencia de México se pueden comparar con los países de Centroamérica.

Osorio Chong defendió la rigurosidad de la metodología del gobierno y sus investigaciones. En cambio, criticó los protocolos que se seguían en el anterior gobierno.

Durante el mandato de Calderón, del Partido Acción Nacional (conservador), se detuvo “a casi 150.000 personas por estar relacionadas con la criminalidad o la comisión de algún delito. De ellas, sólo 3.000 están hoy sujetos a un proceso o purgando una pena”, expuso el secretario.

Osorio Chong atribuyó esta situación a la falta de coordinación entre los cuerpos militares o policiales con la Fiscalía para recabar las pruebas de los homicidios.

El gobierno de Peña Nieto ha expresado su intención de cambiar la estrategia de combate frontal al narcotráfico lanzada por Calderón -que generó una ola de violencia en la que murieron más de 70.000 personas- con el objetivo de reducir la violencia, priorizando la coordinación entre todos los niveles de gobierno y los trabajos sociales de prevención del delito.

El gobierno mexicano desplegó miles de soldados y policías en el convulso estado de Michoacán (oeste), donde en 2006 empezó la cruenta lucha contra los cárteles del anterior presidente, Felipe Calderón, y este martes se comprometió a mantener el dispositivo hasta que regrese “la paz”.

El operativo, que según fuentes federales consta de unos 4.000 militares y 1.000 policías, se acabó de desplegar el lunes y su objetivo es “devolver la paz” al convulso Michoacán, aseguraron los integrantes del gabinete de seguridad nacional del presidente Enrique Peña Nieto reunidos este martes.

El secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que se trata de una estrategia “integral” con énfasis en el desarrollo de esta empobrecida región y que marca una “gran diferencia” con la que lanzó Calderón, basada en el combate frontal a los grupos criminales.

Tenemos “un mando único, una estrecha coordinación entre todas las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal y un sistema de inteligencia (…) esperamos que los resultados sean muy diferentes”, afirmó Osorio Chong tras la reunión celebrada en Morelia, capital de Michoacán.

El operativo estará coordinado por el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien explicó que sus elementos están garantizando la circulación de personas y mercancías en la conflictiva Tierra Caliente, una subregión de Michoacán donde son comunes los retenes clandestinos de comandos armados y las extorsiones contra empresas y pobladores.

Tenemos que liberar a la población “de ese cáncer que son las organizaciones criminales, que se han fortalecido en el área”, afirmó Cienfuegos.

Michoacán es un estado rural del oeste de México, habitado por 4,3 millones de personas, en el que desde hace décadas operan organizaciones narcotraficantes que cultivan marihuana y amapola.

A esto se suma que el estado está bajo un mandato interino, pues el gobernador Fausto Vallejo solicitó un permiso de 90 días por problemas de salud.

Ante el desbordamiento de las autoridades y la ausencia de justicia, han empezado a formarse en los últimos meses grupos armados que se denominan “autodefensas” y que dicen proteger a sus comunidades de las agresiones de la delincuencia, en especial del cártel local Los Caballeros Templarios.

Así, Tierra Caliente se convirtió en escenario de enfrentamientos entre “autodefensas” y narcotraficantes, mientras algunos de sus pueblos son sitiados por criminales que cortan el abastecimiento de alimentos para mantener el dominio territorial.

“Ahora mismo estamos tranquilos porque ya están aquí las fuerzas castrenses. Pero eso no garantiza nada, porque los operativos vienen pero también se van”, comentó vía telefónica a la AFP Rafael García, alcalde de Coalcomán, un pueblo de Tierra Caliente.

Michoacán fue la primera región donde el expresidente Calderón (2006-2012) desplegó a las fuerzas militares contra los poderosos cárteles de la droga, una lucha que marcó su presidencia.

Los operativos se extendieron después por buena parte del país y generaron una ola de violencia en la que más de 70.000 personas fueron asesinadas durante el mandato de Calderón, oriundo de Michoacán.

Para el experto Javier Oliva, “es evidente que en algunas zonas de Michoacán la situación ha empeorado desde 2006 porque a los problemas estructurales endémicos que tiene, de pobreza y marginación, se le suma el narcotráfico y ahora las policías comunitarias”, como también se denomina a las “autodefensas”.

“Sin duda este refuerzo de la seguridad puede leerse como un fracaso” del gobierno anterior, señala Oliva, investigador en seguridad nacional de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La entrega de las armas

En Coalcomán, un grupo de “autodefensa” se conformó la semana pasada con más de 200 vecinos del lugar dedicados a la agricultura, ganadería o comercio, que decidieron unirse para enfrentar las extorsiones de Los Caballeros Templarios, explica García.

El alcalde asegura que la “autodefensa” tiene su apoyo y el de la mayoría de los 9.500 habitantes del pueblo, y avanza que no están dispuestos a entregar sus armas a menos que haya una respuesta eficaz y duradera de las autoridades contra la criminalidad.

“Ahora mismo el grupo está en negociaciones con el Ejército para ver cómo nos van a garantizar la seguridad (…) Llevamos más de 12 años sufriendo extorsiones, secuestros, abusos a nuestras mujeres. El pueblo pide que los responsables sean detenidos y apresados tras las rejas”, afirma García.

Los Caballeros Templarios, formados en los últimos años a partir de la caída de los líderes de otro cártel local denominado La Familia Michoacana, acusan a las “autodefensas” de recibir armas y operar para la organización narcotraficante Jalisco Nueva Generación, que se cree que está asociada con el gran capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Al respecto, el secretario Cienfuegos afirmó que hay “autodefensas” que están “haciendo el esfuerzo por proteger a sus comunidades y otros que no es así, y están financiados por otros grupos”.

El funcionario aseguró que, por el momento, sus tropas no se han encontrado con “autodefensas”.

“Cuando llegamos ya no estaban. Algunos seguramente guardaron sus armas, otros sabemos que han salido del área”, afirmó Cienfuegos, que emplazó a la población a entregar las armas o registrarlas legalmente.